Bienvenidos, queremos conocer comentarios acerca de este proyecto de ley que reforma la contaduría pública en Colombia, de igual manera si existen algunas propuestas diferentes es muy útil darlas a conocer.

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Comentarios: 24
  • #1

    Andres Cardozo T (domingo, 09 septiembre 2012 14:34)

    Bueno es muy cierto que nuestra profesión siempre es de actualización, todos los profesional de cualquier gremio son autónomos de actualizarse, para nosotros como futuros contadores y nuestros colegas que ya están titulados es muy grato siempre estar actualizados con las normas actuales, ya que esto lo requerimos para nuestro trabajo, crecimiento profesional y personal, pero que tanto tiene esto de placentero cuando sabemos que nuestro país es uno de los más costosos para estudiar?, donde la remuneración de nuestra profesión cada vez es más barata, y ahora el gobierno busca con este proyecto de ley que estemos actualizados y renovar la tarjeta profesional cada 3 años. Entonces donde quedan los demás profesiones? Todos debemos actualizarnos ¡no solo nosotros como contadores públicos.

  • #2

    Paola Palomo Millán (domingo, 09 septiembre 2012 16:16)

    La verdad es que entre mas pasan los días y el tiempo debemos hacer algo para cambiar las cosas y hacer algo que en verdad beneficie a todos los profesionales y estudiantes de Contaduría Pública; como es posible que ahora existan intensiones de usura con los cobros que piensan hacer que para nada nos benefician, ya tenemos suficiente con todos los costos por actualizaciones se deben realizar constantemente bien sea por temas tributarios o contables y mas ahora con los cambios que va a sufrir la contabilidad con las normas internacionales.

  • #3

    Cesar Romero Guauta (domingo, 09 septiembre 2012 22:05)

    Considero que los cambios que se vendran en la profesion y el desarrollo de la misma es necesario que exista una serie de regulacion en la labore que ejecuta el contador publico y la fe publica que da el mismo, que se debe hacer procesos constates de certificacion , que deben estar en constante actualizacion y cada vez mas preparados para el mundo globalizado

  • #4

    NELSON GALEANO (domingo, 09 septiembre 2012 22:08)

    Me parece interesante que ya el estado este en proceso de regular todas las actitivadades de la contaduria y la convergencia a normas internacionales que estamos enfrentando y que debemos tener todo el soporte legal y juridico para esa entrada en vigente de los nuevos proceso de la profesion de igual forma la modificiacion de articulitos de la ley 1314 del 2009.

  • #5

    laura aldana (domingo, 09 septiembre 2012 22:13)

    buenas noches.

    muchas cosas en este pais pasasn y nadie reacciona frente a lo que se presente y lo que hagan con los derechos de los demas, pero este es un momneto donde realmente esta afectando lo que es la profesión contable, una carrera que durante varios años ha tenido un rol, la han mezclado con muchas cosas y una vez mas pretenden cerrarnos a un solo eje y a funciones que realmente debria realizar solamente un contador y no partes externas, ademas de esto atentan hacia nuestra carrera con actos como cobros que realmente con todo el perfil que debemos adquirir a lo largo de nuestro aprendizaje, es insuficiente y realmente lo que estan haciendo es acabar el interes, por una gran carrera como es la nuestra.

  • #6

    Jhon Henry Picón Rodriguez (domingo, 09 septiembre 2012 22:44)

    Es pertinente lo que se desarrollar, considero que nos genera un valor agregado y que como tal guía nuevamente a los profesionales de la materia a estar mas al tanto de los diferentes procesos y sucesos de ley contables ocurrente, trayendo consigo el fin de la degradación que viene presentando la carrera por los diferentes tipos de interés personales.

  • #7

    Jorge Solorzano (domingo, 09 septiembre 2012 23:06)

    Claramente el Proyecto de ley será fuertemente debatido,afecta a los contadores colombianos en donde mas les duele, en la figura del Revisor fiscal, en donde esta pasaría a ser un tipo de auditoria financiera;el cambio parece será traumático para muchos, pero contra que se pretende luchar (?), contra la globalizacion,o simplemente se pelea porque se nos esta sacando a los contadores de nuestro "Sector comodo", Tampoco se puede aseverar que la auditoría financiera sea mejor que la Revisoría fiscal, porque Cabe recordar que varios hechos relacionados con fraude en el mundo, han sido ocasionados por firmas contables con esta metodología.... Pero como se dice por hay cada cual habla de como le fue en el baile, lo único cierto es que no se puede seguir siendo los "niños diferentes de la contaduría en el mundo, es hora de empezar mas competentes y competitivos con lo que nos exige el mercado actual.

  • #8

    YESID CORTÉS (domingo, 09 septiembre 2012 23:06)

    Buenas noches,
    Me parece interesante lo de las capacitaciones, pero creo aumentando a 5 años seria mejor para la profesión.
    El Revisor Fiscal,solo debería firmar las declaraciones, documentos o dictámenes, que le fueran requeridos, por la Administración de impuestos, solo por temas tributarios.
    También creo que mientras el Contador Público y el Revisor Fiscal sigan siendo trabajadores privados, no se podrá garantizar independencia total en las decisiones de cada una de las figuras.

  • #9

    Jefferson Sanchez Rodriguez (domingo, 09 septiembre 2012 23:10)

    El tema del profesional en contaduría sin duda, genera expectativas y despierta el interés de quienes forman parte del proceso de formación como contador público; los estudiantes y profesionales realizan cuestionamientos sobre qué rumbo ha ido tomando la carrera de contaduría y que panorama toma laboralmente; más ahora que comenzamos a sobrellevar paulatinamente las NIF en Colombia que dia a dia se tiene que competir con los profesionales del mundo puesto que las empresas se vuelven mas globalizadas y las redes de comunicación aceleran de manera precoz este cambio; las empresas deben de contar con un recurso Humano que maneje el capital intelectual y no hormigas operarias trabajando al frente de un computador sin generar valor agregado a la organización, hace un tiempo en un Dominio de la web que era: http://preuniversitarios.universia.net.co; realizaron una encuesta de cuáles eran las carreras más demandadas en Colombia en donde ocuparon el decimo primer puesto la contaduría con un porcentaje del 1.9%, esto es simplemente un reflejo que año tras año hay mas contadores más profesionales sobre esta profesión y que la demanda en un mercado global, se vuelve demasiado competitivo y que la mano de obra que antes valía mas hoy en día es muy económica, y es allí en donde apoyaría esta ley puesto que los profesionales en contaduría pública del hoy salen con bases básicas y clásicas y con pocas capacidades para llamarse verdaderamente Contadores Públicos, las universidades se han encargado de volver la educación un negocio; no un interés común que ayudara al país , para que enseñar hacer al profesional operario, enséñenlo a tener decisiones a pensar que las empresas necesitan de ellos para tomar decisiones no para que les alimente un software que ya está dado por los ingenieros. “Sin exigencia en la contaduría esta profesión Nunca tendrá Excelencia “

  • #10

    MILER LADINO (domingo, 09 septiembre 2012 23:23)

    Cada tres años pueden evaluar a contador siempre y cuando proporcionen y faciliten actualizaciones, congresos, seminarios GRATIS, ya que la profesión económicamente no es valorada lo suficiente por muchas empresas, el estado debe ser mas vigilante para que la formación académica sea de excelencia, para que las universidades gradúen profesionales integrales, Se debe hacer un fuerte análisis a este proyecto de ley para que no se perjudique la profesión sino para que las reformas ayuden a mejorar la labor del contador.

  • #11

    ALEXANDER GONZALEZ (lunes, 10 septiembre 2012 09:54)

    ESTAMOS EN PROCESOS CONTINUOS DE CAMBIOS TANTO A NIVEL NACIONAL COMO MUNDIAL, Y TODOS LOS CAMBIOS EN PRO DE MEJORA DE LAS COSAS SON BIENVENIDOS, ACA UNO DE LOS PUNTOS MAS IMPORTANTES EN ESTA REFORMA ES LA CREACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CONTADURIA PUBLICA, BIEN POR ESO.

  • #12

    ANGELA MARIA (lunes, 10 septiembre 2012 11:09)

    Me parece bien que se le dé la importancia a nuestra profesión, pero el problema en Colombia no es apatía a la capacitación, el gran problema es la remuneración, por ejemplo, en mi caso y los de mi ciudad (Valledupar) para recibir una buena capacitación es necesario desplazarse mínimo a la ciudad de Barranquilla y un seminario nos cuesta alrededor de $1.000.000 con todos los gastos, cuento con el privilegio que la empresa asume los costos, de otra forma yo solo asistiría a un seminario en el año, pero y los que devengan $600.000 mensuales de tiempo completo, por prestación de servicios, tienen que asumir el pago a seguridad social y adicionalmente las retenciones en la fuente, como hace para pagar una actualización de calidad¿?¿?¿?

  • #13

    ALEXANDER OLIVAR (lunes, 10 septiembre 2012 11:53)

    Muy buenas las apreciaciones del proyecto de Ley, pero creo muy conveniente tambien precisar alguna legislacion sobre las tarifas de los honorarios, dandole el mismo estatus que este proyecto de ley

  • #14

    jhon velasco (lunes, 10 septiembre 2012 14:52)

    Me parece muy bien que la normatividad exija una actualización constante para los contadores públicos, pero no debemos de pasar por inadvertido el artículo 2 de esta resolución en donde intenta regular a los contadores en cuanto poder dictaminar estados financieros y dar fe pública si desarrolla otras actividades contables , me parece que es preciso que se detalle mas este punto, ya que podría a futuro a abrir la brecha a una cantidad de limitantes que nos afectaría a muchos profesionales que desempeñamos en distintas actividades.

  • #15

    Marcela Gamboa (lunes, 10 septiembre 2012 21:45)

    Con respecto a las nuevas reformas de la ley 1314 y la ley 43 considero que son muy oportunas y satisfactorias para la profesión, diariamente nuestra profesión se ha venido deteriorando muchas veces por causa de la mala interpretación contable y conocimiento y actualización de las nuevas reformas. Este proyecto de ley considero que va hacer de mucha polémica por el tema de la certificación como contadores cada tres años , ya que contadores egresados hace mas de 10 años y los cuales se siente empíricos en la profesión deberán ajustarse a los nuevas reformas. Por otra parte me parece que es muy interesante la certificación pero cabe resaltar que esas capacitaciones las debería costear la CTCP Junto con el Gobierno nacional, o ajustar las tarifas de honorarios y hacer de obligatoriedad para los que no las cumplan.Con respecto a la opinión que tengo de la figura de revisor fiscal que se aplica en Colombia tiene muchos vacíos por esta razón considero que esta figura si debe desaparecer y ser la auditoria mas integra en las compañías.

  • #16

    Maria Alejandra (martes, 11 septiembre 2012 18:10)

    Como se les ocurre que la inscripción de un Contador Publico costara un (1) SMMLV

  • #17

    Leydi Milena (miércoles, 12 septiembre 2012)

    Buenos días, comparto con uds la Reflexión y Opinión Proyecto de Ley 77 de Agosto 8 de 2012, dada por un colega con el cual comparto mi opinión.

    Este proyecto tiende a favorecer en alta medida las firmas de auditoría pero independiente de eso es tajante la forma como cortan las oportunidades de los futuros profesionales primero limitando la faculdad de dar fe publica, segundo aumentando los años de experiencia para obtener la tarjeta profesional y tercero incrementando el valor de la inscripción....

    Posted: 11 Sep 2012 08:57 AM PDT

    Todos Los Contadores Públicos Contra Un Proyecto Discriminatorio y Lesivo

    Por: Oscar Luis Contreras Salgado, Contador Público.

    Todos los Estudiantes de Contaduría Pública y los Contadores Públicos de Colombia debemos de protestar y oponernos a viva voz contra el proyecto de ley N° 77 de agosto de 2012 el cual cursa en el congreso, por cuanto viola tajantemente el derecho a la igualdad y al trabajo digno.

    Este proyecto busca discriminar a los contadores por ello debemos de luchar, hasta que dicha iniciativa sea archivada.

    ¡TODOS UNIDOS CONTRA LOS NUEVOS MICOS!
    ....continua en..
    http://www.gerencie.com/reflexion-y-opinion-proyecto-de-ley-77-de-agosto-8-de-2012.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+gerencie+%28Gerencie.com%29

  • #18

    Andrés Angel Martin (jueves, 13 septiembre 2012 13:33)

    Este es otro proyecto sin sentido que presentan para reformar cosas que no le dan importancia a la profesión en si, no existe un solo proyecto de regulacion de honorarios, ni de limitación de funciones como es posible experiencia de tres años para la expedicion de la tarjeta, alguien ha escuchado de este requisito para graduarse de cualquier otra profesión o algo asi... el proyecto de ley N° 77 de agosto de 2012 el cual cursa en el congreso, por cuanto viola el derecho a la igualdad y al trabajo digno, en alguna parte se les olvido incluir un articulo donde hablaran de la calidad y el mejoramiento de la profesion, la junta central de contadores no deberia luchar por el mejoramiento de la calidad de la profesión? donde estan las iniciativas por hacer una unificacion de la profesion hay tantas asociaciones de contadores que ninguna tiene la fortaleza para sentar su voz de protesta, como el caso de los ingenieros o abogados si han escuchado el club de ingenieros o el de abogados ni siquiera eso tenemos donde estan las ofertas de cursos o convenios para actualizarnos sin que nos cueste un ojo de la cara, pero para exigirnos responsabilidades nos caen todas seria bueno un proyecto de ley donde hayan responsabilidades desde la gerencia y asambleas en cuestion contable,

  • #19

    Alejandro Gonzalez (jueves, 13 septiembre 2012 14:26)

    Bueno como estudiante de contaduría este proyecto de ley no baja los deseo de seguir adelante, y como ya se sabe va sufrir cambios la contabilidad con las normas internacionales, soy consciente que que debemos actualizarnos constantemente y prepararnos para el mundo globalizado.
    No se que es lo que pretenden con nuestra profesión ya solo nos queda un eje y también le quieren cerrar, hay funciones que son únicas del contador, pero igual se la entregaron a partes externas.

    Por eso invito a que no dejemos discriminar así nuestra profesión y levantemos una voz de protesta para que sea archivado este proyecto de ley del senado de la republica.

  • #20

    Leonardo (jueves, 13 septiembre 2012 20:27)

    Alejandro cuales funciones unicas del contador se las entregaron a partes externas, y cuale s el eje que queda.

  • #21

    Dixon Fabian Ramirez (viernes, 14 septiembre 2012 00:33)

    El profesional o aspirante a estudiar contaduría pública debe ser consciente del compromiso que tiene con la sociedad porque a través de él se da fe pública, es importante revisar las oportunidades que ofrece el mercado y el proceso de globalización que está sufriendo el mundo, un contador debe estar preparado para sumir nuevos retos, debe estar en la capacidad de adecuarse a los cambios que se presenten en el transcurso de su vida profesional por este motivo es importante el compromiso que se tiene con la profesión y este se enmarca en la actualización constante para ofrecer servicios con calidad.
    En este momento el mercado laboral es muy competitivo y las universidades se encargan de formar contadores muy superficiales sin capacidad de análisis de situaciones en una empresa, este proyecto de ley me parece que es bueno porque va permitir medir las capacidades y conocimientos del aspirante a graduarse como contador público. Un beneficio que esta implícito en esta reforma es que se reducirán las sanciones por el desconocimiento de la norma, por la falta de capacitación y simplemente por la falta de criterios al avalar un estado financiero.
    La competencia como contador público depende de cada uno de nosotros por eso se debe dar lo mejor y absorber todo el conocimiento que se pueda, preocuparnos por la actualización para podernos dar a conocer al mercado y ser reconocidos por el gran aporte a la sociedad.
    Lo único con lo que no estoy de acuerdo es con la certificación cada tres años, por que uno se forma como contador para poner en práctica sus conocimientos y no es justo que separen los contadores con experiencia y los que no tienen experiencia todos los contadores tenemos derecho a poner en práctica lo aprendido en la academia.

  • #22

    ROBINSON R (martes, 18 septiembre 2012 15:07)

    Me parece genial eso de actualizaciones cada tres años, pero seria bueno que el gobierno se encargara de dar estas actualizaciones o que por lo menos subsidiaria una parte de estas,y se deberia dejar en un año o maximo dos años la experiencia acreditada, ya que nuestro pais no es de los mas estables en materia de empleo. y es dificil emplearse por un salario minimo durante un año, para que ahora sehan tres años de salario minimo, pues con ese sueldo es la unica forma que le den trabajo a alguien sin experiencia.

  • #23

    Carlos Andres Gutierrez Rueda (martes, 25 septiembre 2012 23:01)

    El proyecto tiene cosas a favor como son: la actualización de conocimientos que nos obliga a estudiar, a tener una mejor formación que garantice a nuestros clientes y a las empresas donde trabajamos un profesional íntegro, capaz y competitivo. ¿Cómo será de difícil para un egresado de la universidad conseguir un trabajo si van requerir tres años de acreditación seguidas, si para algunos que solo tienen un año es difícil que se podrá esperar? O sea que salimos con un título profesional pero nosotros seremos los únicos profesionales (comparándonos con las demás carreras) que no tendremos tarjeta profesional hasta que no cumplamos el tiempo requerido de certificación trabajada, como quien dice vamos a salir como técnicos en contaduría.
    Ahora van a ramificar también la carrera en pública y privada, que tal, si lo bonito de esta carrera era que teníamos varias opciones en las que nos podíamos desempeñar así como buscar un trabajo en las distintas áreas de las diversas organizaciones del país, bueno al parecer vamos a estar limitados, si es difícil conseguir trabajo ahora será peor; me imagino que dentro de poco en las universidades partirán la facultad en dos: Contaduría Pública y Contaduría Privada.

  • #24

    JAIRO SEVERICHE (domingo, 28 octubre 2012 13:54)

    Todo lo que plantea este proyecto de ley 077 me parece que está bien fundamentado y tiene claro el propósito de contribuir a desarrollar grandes profesionales de la contaduría, bien capacitados e idóneos para ejercer estas actividades dándonos mayor presentación y estatus, pero lo que pretende este proyecto es sumamente costoso por las certificaciones cada 3 años, las actualizaciones permanentes entre otras cosas. Por lo que yo opino con base a esto es que se creen unos parámetros salariales o pagos en la prestaciones de servicios que se vean reflejados todas las capacitaciones y costos inherentes a la preparación profesional porque las empresas van a verse obligadas a pagar lo que realmente vale el trabajo de los contadores públicos, porque nadie se va a tirar todas estas obligaciones y responsabilidades por los mismos tres pesitos que pagan en la actualidad.

Proyecto de ley 077, Por lo cual se dictan algunas disposiciones en materia contable..."

 

 

 

PROYECTO DE LEY 077 Del 8 de Agosto de 2012 

 

“Por lo cual se dictan algunas disposiciones en materia contable, se le entregan unas facultades al Gobierno Nacional para modificar la estructura de la Junta Central de Contadores y se reforman algunos artículos de la ley 1314 de 2009 y ley 43 de 1990”

 

El Congreso de Colombia Decreta

CAPÍTULO I

DEFINICIONES E INSCRIPCIÓN

 

ARTICULO 1. DEL CONTADOR PROFESIONAL El Artículo 1° de la Ley 43 de 1990 quedará así: “Del Contador Profesional". Se entiende por Contador Profesional la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional, estará facultada para realizar las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, según se establece a continuación:

 

1.    El Contador Profesional encargado de dar aseguramiento sobre la información financiera se denominará Contador Público y estará facultado para dar fe pública de los hechos propios de su profesión y dictaminar sobre estados financieros, así como ejercer cualquier actividad propia de la profesión. El Contador Público deberá ser independiente del ente auditado, de sus accionistas y de las entidades gubernamentales responsables del control y vigilancia de dicho ente.

 

2.    El Contador Profesional que se dedique a otras actividades profesionales relacionadas con la ciencia contable en general, se denominará Contador Profesional Privado y no está facultado para dar fe pública ni para dictaminar sobre estados financieros, a menos que cambie su condición, para lo cual deberá dar cumplimiento y someterse a las pruebas y requisitos que señale la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya.”

3.  El Contador Profesional, preparador de estados financieros para poder certificar los mismos, deberá cumplir con las exigencias de pruebas y requisitos que señale la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya.

 

 ARTICULO 2. DE LA INSCRIPCIÓN. Para obtener la inscripción como Contador Profesional se requiere el lleno de los requisitos señalados en el Artículo 3° de la Ley 43 de 1990, excepto que la experiencia que debe acreditar en actividades relacionadas con la ciencia contable en general y bajo supervisión de Contador Profesional, será de tres años adquirida en forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos, esta exigencia aplicará tanto para el contador público como para el contador profesional privado.

 

PARÁGRAFO. La inscripción como Contador Profesional deberá certificarse cada tres años, acreditando en la forma señalada por el Gobierno Nacional, el haber asistido a cursos de educación continua con una extensión no inferior a 80 horas en ese período, en universidades o en centros de educación no formal aprobados por la Junta Central de Contadores o el organismo que la sustituya. Para el caso específico de los Contadores Públicos deberá acreditarse la asistencia a cursos de educación continuada en temas relacionados con estándares internacionales de aseguramiento y auditoría, así como en estándares internacionales de información financiera.

 

CAPÍTULO II

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

 

ARTÍCULO 3. CREACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Facúltase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses contados a partir de la aprobación de la presente ley transforme la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores en la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, donde quedarán integrados el Tribunal Disciplinario de la Contaduría Pública y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

 

 ARTÍCULO 4. DE LOS BIENES Y RECURSOS. Son bienes de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, los adquiridos, transferidos o recibidos a cualquier título.

 

ARTÍCULO 5. Constituyen recursos de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, los derivados de:

 

1. El trámite de inscripción en el registro profesional de los contadores públicos, personas naturales, y las sociedades de profesionales de contadores públicos.

 

2.    La expedición de certificaciones.

3.    La venta de impresos y publicaciones.

4.    Las donaciones.

5.    La organización de eventos académicos y demás actividades inherentes a sus funciones.

6.    Los derechos por presentación de pruebas para la habilitación o acreditación profesional.

7.    La prestación de otros servicios.

 

ARTÍCULO 6. Los ingresos, bienes y recursos de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, percibidos por concepto de la prestación de sus servicios, descritos en el Artículo 5, serán destinados a cubrir sus gastos de funcionamiento de esta unidad administrativa, sin perjuicio de los recursos que le transferirá el Gobierno Nacional para su óptimo funcionamiento.

 

ARTÍCULO 7. VALOR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PROFESIONAL. El valor de la inscripción en el registro profesional será equivalente a un salario mínimo mensual vigente (SMMV) Cuando se trate de sociedades de profesionales de contadores públicos, el valor de la inscripción será equivalente a cinco salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de radicación de la solicitud.

 

PARÁGRAFO 1°. La Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, mediante reglamento interno, determinará el valor de sus servicios.

 

PARÁGRAFO 2°. El registro profesional a que se refiere este artículo, aplicará a los contadores y sociedades de contadores que soliciten la inscripción a partir de la expedición de la presente ley.

 

CAPITULO III

CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

 

 ARTÍCULO 8. DE LA NATURALEZA. El CTCP es el órgano de normalización de estándares de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información y además de orientación profesional en estos campos. En cumplimiento de sus funciones, está autorizado para emitir documentos técnicos y orientaciones en las materias a su cargo, siempre y cuando no excedan o contradigan las normas legales expedidas por el gobierno sobre estos temas.

 

 ARTÍCULO 9. DE LOS MIEMBROS. Los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública serán seleccionados así:

 

1.    Dos miembros serán escogidos por un comité de selección compuesto por representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, después de haber revisado que los candidatos cumplan con los requisitos exigidos en esta ley y que se hubieran sometido a un examen de conocimientos en temas relacionados con los estándares de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información, así como del idioma inglés. Los exámenes de conocimientos se deberán contratar con una universidad que tenga el programa de Contaduría Pública, seleccionada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo. El nombramiento de estos dos funcionarios se hará por resolución.

 

2.    Dos miembros serán escogidos por un comité de selección compuesto por representantes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las mismas condiciones del numeral anterior.

 

3.    De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1314 de 2009, la elección del quinto miembro se hará por el Presidente de la República, de candidatos enviados por diferentes entidades legalmente constituidas y que tengan la calidad de agremiaciones de contadores públicos. Estos candidatos también deberán someterse a los exámenes mencionados en el numeral anterior y aquellos tres con el mejor puntaje serán presentados al Presidente, para que escoja a cualquiera de ellos, dándole prelación al de mayor puntaje.

 

PARÁGRAFO 1°.Los dignatarios del Consejo Técnico de la Contaduría Pública serán de dedicación exclusiva a esta actividad, de tiempo completo y harán parte de las respectivas plantas de personal y, a ellos así como a los funcionarios y asesores de esta entidad, se les aplicarán en su totalidad las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, reglas para manejo de conflictos de interés y demás normas consagradas en la Ley 734 de 2002 o aquellas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. Los dignatarios no podrán ejercer la profesión durante su encargo, con excepción de la docencia.

 

PARÁGRAFO 2°. El presidente del CTCP será elegido entre sus miembros por un año, pudiendo ser reelegido.

 

PARÁGRAFO 3°. El período de los miembros del CTCP, será de cuatro años con la posibilidad de relección por un solo período.

 

PARÁGRAFO 4°. El CTCP, en coordinación con las Superintendencia y Entidades que en la actualidad emiten los planes únicos de cuentas buscarán los mecanismos para minimizar el número de éstos como modelo instrumental de las normas que emitirá esta entidad, sin perjuicio de los reportes y demás información que podrán solicitar las Superintendencia para el adecuado control a sus entes controlados. Finalizado este ejerció los planes únicos de cuentas será administrados por El CTCP.

 

ARTÍCULO 10. El parágrafo del artículo 1º de la Ley 1314 quedará así: “las facultades de intervención establecidas en esta ley no se extienden a las cuentas nacionales, como tampoco a la contabilidad presupuestaria ni a la contabilidad financiera gubernamental, de competencia del Contador General de la Nación. En el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta y demás entidades comerciales públicas, aplicarán los estándares de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la Información emitidos por el gobierno nacional en la forma dispuesta en la Ley 1314 de 2009”.

 

ARTÍCULO 11. REORGANIZACION DEL CTCP. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública como ente de normalización y orientación, funcionará a través de una sala general y de cuatro salas técnicas, a saber:

 

   Sala de Estándares de Contabilidad e Información Financiera, a cargo de uno de los consejeros, elegidos entre los miembros del CTCP.

 

   Sala de contabilidad, a cargo de uno de los consejeros, elegidos entre los miembros del CTCP.

 

   Sala de Estándares de Aseguramiento y Auditoría de la Información Financiera, Control de Calidad y Código de Ética, a cargo de otros dos consejeros, elegidos entre los miembros del CTCP

 

   Sala de Consultas Técnicas, a cargo del consejero no elegido para las otras tres salas. Esta Sala tendrá la responsabilidad de resolver las consultas que los interesados eleven al CTCP sobre temas de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información. También tendrá la capacidad de interpretar las normas contables y de aseguramiento de la información, diferentes a los estándares internacionales, que rigen en el país.

 

PARÁGRAFO – La Sala General será la responsable de aprobar y presentar el Direccionamiento Estratégico del CTCP, así como los Planes de Trabajo, las propuestas de normatividad y toda la información requerida en la Ley 1314 de 2009.

 

ARTÍCULO 12. DECISIONES. Las decisiones oficiales del CTCP se tomarán por mayoría de los consejeros reunidos en Sala General.

 

....

 

 

 

CAPITULO IV

DEL TRIBUNAL DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

 

ARTÍCULO 14. DEL TRIBUNAL. Las funciones de registro y certificación de los profesionales; la inspección y vigilancia del ejercicio de la contaduría pública y la función disciplinaria de esta profesión estarán a cargo de este tribunal, que funcionará en la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública, a través de una Sala General y de tres Salas Especializadas, como sigue:

 

Sala de Registro y Certificación de la Profesión, responsable de entregar las tarjetas para el ejercicio de la profesión a quienes hubiesen cumplido con los requisitos de ley, que acrediten, además, una experiencia en contabilidad, auditoría y/o aseguramiento de la información no inferior a tres años bajo supervisión de un contador público y que aprueben un examen de conocimientos a cargo de una institución seleccionada por el TCP. El costo del examen será por cuenta de cada uno de los interesados. Este examen pretende determinar que haya un nivel de conocimientos suficientes para ejercer la profesión. Así mismo, esta Sala tendrá la responsabilidad de renovar o certificar cada tres años la tarjeta profesional ya expedida a los contadores públicos que hubiesen cumplido con programas de educación continuada conforme a reglamento que expedirá la UACP, considerando las características del ejercicio público y privado de la profesión.

 

Sala de Inspección y Vigilancia, para llevar a cabo programas de supervisión de los profesionales a fin de garantizar que se cumpla con el Código de Ética y con la aplicación de los estándares de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. Así mismo, que las sociedades de contadores públicos cumplan con los estándares de Control de Calidad de su trabajo.

 

Sala Disciplinaria de la profesión, que se regirá por el procedimiento señalado en esta ley.

 

PARÁGRAFO. Las funciones de registro y certificación de los profesionales podrán ser delegadas en una entidad de reconocido prestigio.

 

ARTÍCULO 15. DE LA SALA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. La Sala de Inspección y Vigilancia tendrá a su cargo la evaluación del ejercicio profesional de los contadores públicos y de las firmas de contadores públicos.

 

ARTÍCULO 16. La Sala contará para el desarrollo de su función con contadores públicos y abogados, cuya cantidad y perfil serán definidos por el Consejo Directivo de la UACP. Previo un programa anual, que deberá ser aprobado por el TCP, la Sala establecerá los sujetos de evaluación para el año, sin perjuicio de realizar inspecciones no programadas de acuerdo con las circunstancias. Los planes de inspección, los procedimientos a desarrollar y los informes a producir, serán establecidos formalmente por la Sala y aprobados por el TCP.

 

ARTÍCULO 17. LA SALA NO PODRÁ IMPONER SANCIONES. Si de sus informes se derivan incumplimientos legales o técnicos de los contadores o firmas de contadores evaluados, los profesionales a cargo del trabajo deberán preparar ponencia para ser presentada a la Sala Disciplinaria, que se encargará del proceso a partir de ese momento.

 

ARTÍCULO 18. REGIMEN DISCIPLINARIO. El Tribunal de la Contaduría Pública ejercerá la facultad disciplinaria respecto de los contadores públicos, para la investigación y sanción de las faltas disciplinarias gravísimas, graves y leves, tal como se definen en esta Ley.

 

ARTÍCULO 19. SISTEMA ORAL. La comisión de faltas que en primera instancia la Sala Disciplinaria califique como leves, serán resueltas mediante el sistema oral. Para el efecto, la apertura de investigación dispuesta en la Sala Disciplinaria graduará la falta como leve de manera unánime. Una vez efectuada la graduación, las partes actuarán en audiencia ante los miembros de la Sala Disciplinaria, que decidirá la procedencia o no de sanción. El TCP establecerá un reglamento para el procedimiento oral.

 

PARÁGRAFO. Si la graduación inicial de la falta se califica como grave o gravísima, no podrá resolverse mediante el sistema oral.

ARTÍCULO 20. LA CULPA Y LA RESPONSABILIDAD, Los contadores públicos responderán por sus acciones u omisiones y por las de sus dependientes, cuando se demuestre que han incumplido sus obligaciones, y que el incumplimiento fue culposo o doloso. Las sociedades de contadores públicos responderán por sus acciones u omisiones en relación con su deber de supervisión sobre el revisor fiscal o auditor designado, sus dependientes o empleados.

 

ARTÍCULO 21. REGLAS PARA APRECIAR LA DILIGENCIA DEL CONTADOR PÚBLICO: Para valorar los hechos con base en los cuales se cuestione la diligencia del contador público, debe considerarse que sus obligaciones por ser el desarrollo de una profesión liberal son de medio, particularmente cuando el contador público actúa como Revisor Fiscal o auditor externo de un ente económico, con fundamento en lo cual debe tenerse en cuenta que:

 

Las funciones del contador profesional que actúa como revisor fiscal o auditor externo se ejercen con base en la naturaleza, estructura y actividad del ente económico. Su diligencia se evaluará conforme a las normas previstas en la presente ley. Los contadores profesionales, no están obligados a informar hechos irregulares cuando éstos ya hayan sido conocidos por quienes tienen interés jurídico en conocerlos, o por las autoridades competentes. El revisor fiscal o auditor externo, no incurre en culpa cuando su incumplimiento se derive de la negativa a darle acceso oportuno a la información completa, o porque ésta se le oculte o tergiverse. El revisor fiscal o auditor externo, tienen deber de guardar secreto sobre los asuntos conocidos en ejercicio de su profesión, salvo en las materias, en las oportunidades y respecto de las personas a las que la ley y los contratos dan en forma expresa el derecho a recibir informes de ellos. El revisor fiscal o auditor externo, no serán responsables cuando se utilice un informe suyo para fines distintos de los previamente determinados por las normas legales o, en su caso, acordados con el contratante. El revisor fiscal o auditor externo, no será responsables de los actos de los administradores del ente económico.

 

ARTÍCULO 22. DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS DE LOS CONTADORES PÚBLICOS: Son faltas disciplinarias las siguientes:

 

a.    haber sido condenado por delitos contra la fe pública o la propiedad por razón del ejercicio de sus funciones;

 

b.    haber ejercido cualquiera de sus funciones durante el tiempo en que se le falló una sanción de suspensión o cancelación de la inscripción como contador público;

 

c.    haber obtenido el nombramiento o la designación o la inscripción de la revisoría fiscal con base en documentos falsos, apócrifos o adulterados;

 

d.    haber ejercido funciones cuando pesa sobre el revisor fiscal o auditor una enajenación mental, embriaguez habitual u otro vicio o incapacidad grave judicialmente declarada, que lo inhabilite temporalmente para el correcto ejercicio de la revisoría fiscal o la auditoría.

 

e.    incurrir en la violación de reserva comercial de los libros, papeles e informaciones que hubiere conocido en el ejercicio de sus funciones;.

 

f.     aceptar dádivas o gratificaciones que puedan comprometer la independencia de sus actuaciones;

 

g.    violar las normas de ética profesional;

 

h.    Prestar servicios como contador a las personas naturales o jurídicas en donde haya ejercido sus funciones, dentro del término de un año contado a partir de la fecha de la renuncia o remoción de sus funciones;

 

i.      las previstas en los artículos 50 y 51 de la ley 43 de 1990;

 

j.      ejercer las funciones en contravención de las normas o estándares de información financiera, auditoría y aseguramiento de la información;

 

k.    desconocer las normas jurídicas vigentes sobre la manera de ejercer la profesión.

 

l.      utilizar la persona jurídica como instrumento para la comisión de delitos contra la fe pública.

 

PARAGRAFO 1°. También se consideran faltas graves las mencionadas en el Artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

 

PARÁGRAFO 2°. Para las personas jurídicas elegidas para la revisoría fiscal o la auditoría externa así como para las personas naturales elegidas o designadas para actuar como revisor fiscal o auditor externo, cuando se mencionen las normas sobre la manera de ejercer la profesión o las de la ética profesional o las normas legales o jurídicas vigentes, tales expresiones deberán entenderse referidas a los estándares de aseguramiento y auditoría. En materia de faltas disciplinarias, no existe responsabilidad objetiva; toda sanción implicará la prueba de la culpa por parte del Estado. No habrá lugar a acumular responsabilidades disciplinarias por violación de las normas propias de los contadores profesionales con las de los revisores fiscales o auditores externos; la conducta de quien obra como revisor fiscal o auditor externo debe examinarse solo a la luz de lo que dispone la presente ley.

 

ARTÍCULO 23. SANCIONES POR FALTAS DISCIPLINARIAS: El Tribunal de la Contaduría Pública podrá imponer las siguientes sanciones:

 

a.    Amonestación;

 

b.    Multas, cuya cuantía máxima no excederá de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes

 

c.    Suspensión;

 

d.    Cancelación.

 

Las multas se liquidarán con base en el salario vigente en la fecha en la cual se hubiesen cometido los hechos.

 

La sanción de cancelación sólo podrá imponerse en caso de reincidencia, a menos que se trate de falta gravísima, caso en el cual podrá imponerse la suspensión aunque no existan sanciones previas.

 

Para los efectos de esta ley, reincidencia se entiende como la imposición de dos (2) sanciones ejecutoriadas en un periodo de tres (3) años consecutivos, los cuales se contarán a partir de la ejecutoria de la primera sanción tenida en cuenta para la reincidencia, en los términos de este artículo.

 

La sanción de suspensión no podrá ser superior a un (2) años.

 

La sanción de cancelación podrá ser levantada a los diez (10) años o antes y deberá ser adoptada por unanimidad de los miembros del Tribunal de la Contaduría Pública.

 

El registro de las sanciones disciplinarias ejecutoriadas será por un término máximo de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que impone la sanción. Vencido dicho término se cancelará el dato negativo existente en los registros que lleve la autoridad disciplinaria.

 

PARÁGRAFO 1°. Las decisiones de SUSPENSIÓN y de CANCELACION de la matrícula profesional a un contador público o a una sociedad de contadores públicos, requiere el voto de siete de los nueve miembros de la Sala General. Las demás decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes en la sesión.

 

PARÁGRAFO 2°. Quien se inscriba como contador público, no podrá haber sido condenado por delitos contra la fe pública o la propiedad durante los 5 años anteriores a la inscripción.

 

PARÁGRAFO 3°. Los contadores públicos que a sabiendas actúen en nombre o representación de firmas o empresas que desarrollen actividades propias de la Contaduría Pública sin estar debidamente inscritas ante el TCP, serán objeto de sanción en los términos de la presente ley.

 

ARTÍCULO 24. DEL PROCEDIMIENTO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS.

 

1. Del procedimiento de las actuaciones administrativas disciplinarias: Las actuaciones administrativo disciplinarias que adelante el Tribunal de la Contaduría Pública en ejercicio de su función disciplinaria atenderán los principios señalados en este artículo. Los vacíos de procedimiento de esta Ley se deben llenar en primera instancia con el Código Contencioso Administrativo y en su defecto con las normas del Código Único Disciplinario, esto es, la Ley 734 de 2002.

1.1 Principios. El Tribunal de la Contaduría Pública deberá observar en los procedimientos disciplinarios que adelante los principios de proporcionalidad, revelación dirigida, contradicción, efecto disuasorio, oportunidad, economía y celeridad, respetando en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa del investigado.

 

1.2 Guía del reglamento de funcionamiento interno de las actuaciones administrativo disciplinarias del Tribunal de la Contaduría Pública: Los reglamentos de funcionamiento interno que apruebe el Tribunal de la Contaduría Pública – relativos a las actuaciones administrativo-disciplinarias- deberán atender lo previsto en este artículo y en particular los siguientes lineamientos:

 

a.    El traslado al investigado de todas y cada una de las pruebas y su posibilidad de contradicción;

 

b.    La formulación de los cargos imputados deberá contener, de manera clara y precisa, las infracciones disciplinarias en que presuntamente se incurrió por los hechos o conductas objeto de investigación.

 

c.    Las actuaciones administrativo disciplinarias tendrán libertad probatoria. En tal sentido, en los procedimientos disciplinarios podrá emplearse cualquier medio de prueba legalmente recaudado, garantizando el derecho de contradicción respecto de ellas. En este sentido, en el reglamento de funcionamiento interno del Tribunal de la Contaduría Pública se deberá prever que el concepto técnico contable de los funcionarios del Tribunal de la Contaduría Pública no tendrá el carácter de prueba si no se cumplen los requisitos para su práctica y el traslado al investigado para el ejercicio del derecho de contradicción.

 

d.    El pronunciamiento escrito que impone la sanción o exonera al imputado, deberá ser motivado y congruente con todos los cargos formulados;

 

e.    El régimen sancionatorio aplicable a las personas naturales, contadores públicos, no se hará extensivo a las sociedades de contadores públicos, razón por la cual éstas serán sancionadas conforme a las normas que expresamente así lo prevean.

 

2. Del Procedimiento administrativo disciplinario

 

2.1 Inicio de la actuación. La actuación para determinar la comisión de faltas disciplinarias podrá iniciarse de oficio, por traslado de otras autoridades, por quejas o informes de personas naturales o jurídicas y, en general, por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad. En el caso que la actuación inicie por queja o informes de personas naturales o jurídicas, deberán ratificarse bajo juramento.

 

2.2 Diligencias previas. Se practicarán diligencias previas para verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al posible responsable. Dichas diligencias no excederán de seis (6) meses, al cabo de los cuales cesará el proceso o se decidirá abrir investigación. Este término es perentorio y su incumplimiento será considerado causal de mala conducta.

 

2.3 Investigación disciplinaria formal. La decisión de apertura de investigación se notificará de forma personal al investigado; de no ser posible su notificación personal, se hará mediante edicto emplazatorio. Para la determinación de las faltas disciplinarias se deberán practicar las pruebas de acuerdo con las disposiciones que las regulen, respetando siempre los derechos fundamentales. A las actuaciones del Tribunal de la Contaduría Pública en esta materia no se podrá oponer reserva; sin embargo, los documentos que se obtengan seguirán amparados por la reserva que la Constitución y la ley establezca respecto de ellos y el investigado tendrá acceso al expediente en cualquier momento con el deber así mismo de guardar la reserva aplicable sobre los documentos que allí reposen. La investigación disciplinaria tendrá un término de seis (6) meses, prorrogables, por una sola vez, por tres (3) meses más.

 

2.4 Formulación de cargos. Si se considera que los hechos investigados constituyen una posible falta disciplinaria, se formularán los cargos correspondientes a los presuntos infractores mediante acto motivado, contra el cual no procede recurso alguno. El acto de formulación de cargos deberá contener una síntesis de los hechos constitutivos de las posibles infracciones, de las pruebas allegadas hasta ese momento y de las normas que se estiman infringidas. El término de traslado del acto de formulación de cargos a los presuntos infractores será de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente a su notificación. Durante dicho término el expediente respectivo estará a disposición del investigado en las dependencias del Tribunal de la Contaduría Pública. Durante el término del traslado los presuntos infractores pueden presentar los descargos que consideren pertinentes y solicitar la práctica de pruebas, aportarlas u objetar las obtenidas antes de la formulación de cargos.

 

2.5 Período probatorio. Las pruebas solicitadas se decretarán cuando sean conducentes, pertinentes y eficaces para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Se aceptarán las aportadas si llenan los anteriores requisitos. Se denegarán las que no los cumplan y se ordenará de oficio las que se consideren pertinentes, mediante acto motivado que señalará el término para su práctica,

 

2.6 Valoración probatoria. Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza de la falta disciplinaria, la índole de la responsabilidad correspondiente y los propósitos perseguidos por el régimen disciplinario;

 

2.7 Alegatos de conclusión. Practicadas las pruebas o vencido el periodo probatorio, se ordenará correr traslado al investigado, por el término común de diez (10) días, para que presente sus alegatos de conclusión. El acto administrativo que cierre la investigación y corra traslado al investigado o a su apoderado se notificará personalmente o en su defecto por edicto emplazatorio.

 

2.8 Decisión de la actuación administrativa disciplinaria. La decisión que se adopte por el Tribunal de la Contaduría Pública se notificará personalmente; de no ser posible su notificación personal, se hará mediante edicto emplazatorio. La Sala Disciplinaria podrá fallar sobre los casos de faltas leves y graves e imponer sanciones de amonestación o multa. Para el efecto, podrá utilizar, según la gravedad, un sistema oral, para lo cual emitirá el reglamento respectivo que deberá ser aprobado en sala plena. Los procesos que impliquen sanciones de suspensión o cancelación de la tarjeta profesional, deberán ser decididos en sala plena. Contra los fallos emitidos tanto por la Sala Disciplinaria como por la Sala Plena obra el recurso de reposición. Contra los fallos de la Sala Plena obra también el de apelación.

 

2.9 Dirección para notificaciones. La notificación de las actuaciones adelantadas deberá efectuarse en la dirección que aparezca registrada en el Tribunal de la Contaduría Pública o en la que haya indicado el investigado en su primera intervención. Cuando no sea posible establecer la dirección del investigado, las actuaciones del Tribunal de la Contaduría Pública le serán notificadas por medio de publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional. Si durante el desarrollo del procedimiento administrativo disciplinario el investigado o su apoderado señalan expresamente una dirección para que se le notifiquen las actuaciones correspondientes, el Tribunal de la Contaduría Pública deberá hacerlo a esa dirección a partir de dicho momento y mientras el investigado o su apoderado, mediante comunicación escrita no manifieste el cambio de dirección.

 

2.10 Formas de notificación. Las notificaciones dentro de la actuación administrativa disciplinaria serán personales, por edicto o mediante comunicación. Se notificarán personalmente el auto de apertura de diligencias previas, el auto de apertura de investigación formal, el pliego de cargos, el auto de archivo definitivo, la decisión de primera y segunda instancia, el acto administrativo que decide los recursos interpuestos, así como el acto administrativo que decide solicitudes de pruebas y de nulidad. En su defecto estos actos administrativos se notificarán por edicto emplazatorio.

 

La notificación de pliegos de cargos y de la decisión final de la actuación administrativo disciplinaria, deberá hacerse personalmente dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la expedición del acto. Durante ese lapso se enviarán al interesado dos (2) citaciones con intervalo de diez (10) días. Si vencido este periodo de tiempo no fuera posible hallar al investigado, se notificará por edicto que permanecerá fijado en lugar visible de la entidad por espacio de diez (10) días. Los demás actos que se expidan dentro del trámite de las actuaciones disciplinarias de competencia del Tribunal de la Contaduría Pública se notificarán mediante comunicación. Esta modalidad de notificación por comunicación, se entiende que se hace mediante envío por correo certificado de una copia del acto correspondiente a la dirección determinada conforme a lo previsto en este artículo, y se entenderá surtida en la fecha de su recibo.

 

2.11 Recursos: En el texto de los actos que emanen del Tribunal de la Contaduría Pública se indicarán los recursos que legalmente procedan contra las decisiones, la instancia ante quien deban interponerse y los plazos para hacerlo. Del mismo modo, se dará cuenta de la necesidad de presentación personal, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o desfijación del edicto.

 

Recurso de reposición: Procede contra las siguientes providencias:

 

a.    Sanciones de amonestación, multa, suspensión y cancelación de la tarjeta profesional;

 

b.    La decisión que se pronuncia sobre la nulidad;

 

c.    La negación de la solicitud de copias al investigado o a su apoderado;

 

d.    La negación de la solicitud de pruebas en etapa de investigación y en descargos, al investigado o a su apoderado;

 

e.    La decisión de archivo y la decisión absolutoria;

 

Los actos que contengan decisiones distintas a las relacionadas, serán susceptibles de este recurso cuando decidan el fondo del asunto.

 

Recurso de apelación Procede ante el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y contra las siguientes decisiones: Sanciones de multas, así como las de suspensión y cancelación de la inscripción profesional.

 

2.12 Caducidad de la facultad sancionatoria del Tribunal de la Contaduría Pública. La facultad que tiene el Tribunal de la Contaduría Pública para imponer sanciones caducará en cinco (5) años contados de la siguiente forma: En las conductas de ejecución instantánea, desde el día de su consumación; En las conductas de ejecución permanente o sucesiva, desde la realización del último acto, En las conductas omisivas, desde cuando haya cesado el deber de actuar. Cuando en una misma actuación administrativa se investiguen varias conductas, la caducidad de la facultad sancionatoria del Tribunal de la Contaduría Pública se contará independiente para cada una de ellas. La ejecutoria del acto administrativo sancionatorio interrumpirá el término de caducidad de la facultad sancionatoria.

 

2. 13 Reserva. Las actuaciones que se surtan dentro de los procesos administrativos disciplinarios que adelante el Tribunal de la Contaduría Pública tendrán el carácter de reservadas frente a terceros, lo cual incluye la persona natural o jurídica que interpone la queja, que es un tercero frente a la actuación administrativo disciplinaria. Las sanciones no serán objeto de reserva una vez en firme, esto es, ejecutoriado el acto administrativo que las impone y sin perjuicio de la aplicación del principio de revelación dirigida hasta tanto el acto administrativo no quede ejecutoriado no podrá considerarse como antecedente disciplinario.

 

2.14 Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por faltas disciplinarias se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables: La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por las normas que rigen el ejercicio de la profesión y los principios que rigen el código de conducta; El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de la falta disciplinaria, o el daño que tal falta disciplinaria hubiere podido causar; La reincidencia en la comisión de la falta disciplinaria; La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la falta disciplinaria, o cuando se utiliza persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos; El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas de la profesión; El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la falta disciplinaria antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.

 

 ARTÍCULO 25. REGIMEN DE INTEGRACION NORMATIVA. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en su orden las siguientes normas: Ley 43 de 1990. Código Contencioso Administrativo. Ley 734 de 2002.

 

ARTÍCULO 26. ENTE ECONÓMICO: Para efectos de la presente ley, se entiende por ente económico, tanto las personas naturales o jurídicas, como las sociedades de hecho, los consorcios, las uniones temporales y las demás empresas organizadas por virtud de contrato de colaboración empresarial así carezcan de personería jurídica.

 

ARTÍCULO 27. AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA – Autorízase al Presidente de la República, para hacer los traslados, suspensiones y creaciones de los cargos que sean necesarios en las diferentes entidades que tocan con esta ley con el fin de optimizar las funciones, consultando los principios de eficiencia, eficacia y economía.